«Compromiso por el país» es el título del documento borrador que impulsarán los partidos de coalición y que deben firmar.
Dentro del texto se destacan 13 puntos: «Un gobierno con las cuentas en orden», «un Estado inteligente y transparente», «empresas públicas al servicio de la gente», «Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad», «Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas», «Una policía respetada, una sociedad pacífica», «Una política de defensa adecuada al siglo XXI», «Transformar la educación», «Proteger a los más débiles», «Agenda de derechos», «Proteger el mundo del trabajo», «Cuidar la salud de los uruguayos» y «Medio ambiente y bienestar animal».
El documento hace énfasis, entre otros temas, a «autorizar la importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución». Esto se encuentra en el punto 4 del texto, que es «Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad».
El texto expresa que «se necesita reactivar la economía, generando un país más
competitivo y dinámico en todos los sectores. Es fundamental implementar medidas que
promuevan la competitividad y mejoren las condiciones de vida de los uruguayos».
También consideran necesario «eliminar la obligación financiera. La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de
intermediación financiera».
El punto siguiente (número 5) indica que es necesario apostar a la «inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas».
El texto explica que se debe «fortalecer la diplomacia comercial» y para eso «se impulsará una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos».
También trabajarán «por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda
de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros. Necesitamos un
Mercosur moderno, ágil y flexible».
En materia de seguridad advierten por «el aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país».
Por lo tanto, proponen «declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades».
«Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República», agrega el texto.
También hacen hincapié en «recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la
Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población».
«Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias», añade el documento.
Otro punto se refiere a «desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que cambiará su asiento a bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales».
Además, se pretende «modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos».
También señalan que «se fomentará el acceso a la vivienda digna por parte del personal subalterno, promoviendo su incorporación a los planes generales que se desarrollarán en esta materia».
Entre otros temas se busca mantener proteger la agenda de derechos, reconocer a los Consejos de Salarios «como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales» y se pone énfasis en la educación, la salud y el medio ambiente.
Leé el documento completo: