El subsecretario de Interior Jorge Vázquez reflexionó sobre el salario de los policías y dijo que muchos de ellos deben exponerse a tareas irregulares como el «servicio 223» por el creciente consumismo y las retenciones judiciales.
«A veces uno advierte generalizaciones relativas a que los policías ganan poco, pero hemos demostrado que esa no es la situación de todos. Sí es cierto que hay una cantidad importante, supongo que debe pasar en otras ramas del trabajo, que se ven muy preocupados o atormentados por las retenciones judiciales o el consumismo», dijo Vázquez.
El jerarca habló del tema en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados en el marco de la Rendición de Cuentas. Un resumen de la versión taquigráfica es divulgada este viernes por el portal Ecos.
El jerarca dijo allí que lo que le ocurre a los policías pasa a nivel de toda la sociedad.
«Todo el mundo ve que se es proclive a gastar demasiado. Los niveles de endeudamiento superan lo que presupuestalmente se puede manejar», dijo.
El Ministerio del Interior cree que serán unos 1.000 los policías que estén sobreendeudados y cobrando solo el 35% de sus haberes.
«El manejo de la situación económica de un policía es un tema complejo, y no lo arreglamos aumentando las horas del servicio 222 ni mejorando el salario, sino asumiendo la responsabilidad del manejo adecuado de los recursos económicos que cada uno de nosotros tiene», aseguró.
La avidez de dinero -según esta versión- responde a la necesidad de estar al día con los gastos que exigen las sociedades modernas, y esto hace que algunos servidores públicos acepten trabajar en tareas irregulares que los exponen física y mentalmente.
Dice Vázquez: «El querer acceder a determinadas tecnologías o recursos es lo que va llevando a que los sueldos no alcancen y se busquen estas estrategias, que son inadecuadas y que atentan contra la salud mental».
El asunto de las remuneraciones policiales sobrevuela la agenda pública luego que otro policía, Wilson Coronel, fuera asesinado por un rapiñero mientras desarrollaba actividades de seguridad privada en un restaurante de Pocitos.
«Probablemente eso lo exponga a mayores riesgos a la hora de tomar decisiones. No es lo mismo hacerlo si se está o no respaldado a nivel institucional», dijo. «Quizá este haya sido uno de los elementos que provocó la muerte de un policía en los últimos días», aseguró.
El Ministerio del Interior considera una «falta grave» que los policías sean contratados por comercios para tareas de seguridad privada, lo que en la jerga se denomina servicio 223, una paráfrasis del tradicional servicio 222 que presta el Estado y cobra a privados por fuera del trabajo regular policial.
Según Charles Carrera, del Ministerio del Interior, quien acompañaba a Vázquez, muchos policías no quieren hacer servicio 222 porque se les practica los descuentos correspondienyes.
El Ministerio del Interior no tiene una estimación concreta de cuántos funcionarios realizan un servicio de seguridad particular al margen de la ley.
Carrera, consideró que los datos que indican que el 40% de los policías se dedican a tareas «223» están sobredimensionados.
Muchas veces, los comercios los contratan teóricamente para otras tareas (reponedores de góndolas, por ejemplo), pero en realidad están allí como guardias.
UNA «FALACIA INTERESANTE»
El director nacional de Policía, Mario Layera, definió como una «falacia interesante» justificar la realización del servicio «223» con la necesidad de los policías de incrementar sus ingresos. «Es como plantear que está bien contratar en negro a obreros de la construcción para que mejoren sus salarios», sostuvo.
El Ministerio del Interior viene defendiendo su política salarial. En ese sentido informó que en diez años, el salario policial
Según el gobierno, en el año 2000 un policía que ingresaba a la función percibía un salario de 4.000 pesos y actualmente ese salario es de 32.000 pesos.
Layera, fue más lejos aún. Estimó que un cabo, con un sueldo nominal de $37.453, puede cobrar $14.150 más si realiza el servicio «222» por el máximo permitido de 50 horas mensuales.
En caso de cubrir además el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), recibirá $11.000 más, por lo que al mes estaría cobrando un total de US$ 62.693.
Esta información contrasta con lo dicho por la viuda del policía Wilson Coronel, para quien su marido ganaba 16.000 pesos en la mano.
La muerte del cabo generó tensiones entre el Sindicato Policial y las jerarquías del ministerio por la ausencia de la cúpula en el sepelio del funcionario asesinado.
La cartera de Interior -como en el caso de Fernando Cortez, otro policía asesinado en Malvín, en el mes de mayo- no se presentó en las hinras fuebres al considerar que el policía estaba cumpliendo tareas irregulares.
Ante los legisladores, Vázquez explicó que nunca le echó las culpas a Coronel de la tragedia.
«En ningún momento le eché la culpa al policía. Es más, dije: ‘Lo lamentable es que hayamos perdido la vida de un policía; lo demás lo vamos a investigar'».
Y agregó, en su defensa: «Es una falta de respeto a quien ha sido durante toda su vida un trabajador de la salud y se ha preocupado fundamentalmente por el bienestar del ciudadano, aún a costa de su propio sacrificio»