FAMILIAS REFUGIADAS
El jefe de la familia en Salto fue interrogado por amenazas.
La familia siria que está radicada en Salto desde hace dos meses en un predio que le fue adjudicado por el Instituto Nacional de Colonización, en el marco del programa de ayuda para los refugiados que implementó el gobierno de José Mujica, pretende por todos los medios retornar a su país. “Aunque nuestro país esté en guerra, allá se vive mejor que en Uruguay, acá es todo caro y no cumplieron con nosotros”, dijo uno de los integrantes de esa familia, que llegó en octubre de 2014 junto a otras cuatro. Todas vienen de un campo de refugiados del Líbano.
Para alimentar más esa voluntad de querer marcharse, en las últimas horas el jefe de familia, Merhi Alsebli, fue denunciado por una de las técnicas que trabaja en el programa de refugiados. Lo denunció ante la Policía por amenazas. Ayer por la tarde, por decisión judicial los uniformados a cargo de un comisario se constituyeron en la chacra para interrogar a todas las personas mayores del grupo familiar con la asistencia de un traductor que viajó desde Montevideo.
El hecho denunciado por la profesional se originó el pasado miércoles, en ocasión de la visita que efectuó a la familia siria en su finca de la Colonia Osimani, cumpliendo con el plan del programa que encabeza Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos del gobierno, hoy en uso de licencia por la campaña electoral para la presidencia del Frente Amplio.
El episodio que derivó en la reacción del sirio Alsebli fue la negativa de la funcionaria del gobierno a brindarle su número telefónico para tenerlo en cuenta en caso de que necesitare ayuda.
Esta situación hizo enojar al refugiado porque se sintió desprotegido por la falta de comunicación con los funcionarios.
“Se nos murieron dos cabras buenas, cuatro cabritas y no conseguimos que ningún veterinario viniera a atenderlas cuando estaban mal porque no sabemos a quién llamar, y lo mismo pasa con mis hermanos cuando están enfermos, nadie nos quiere atender y es por eso que mi padre le pidió a la psicóloga que le dejara su número de teléfono”, contó uno de los hijos de Merhi Alsebli sobre lo sucedido.
El llamado de auxilio a la Policía fue realizado por la profesional en esa jornada alegando que el sirio no le permitía salir de la casa si no le daba el número telefónico, hecho que ofendió a la familia porque señalaron que “no es bueno” la presencia de la fuerza del orden. “Mi padre se enoja porque nos prometieron cosas que nunca llegaron y él no aguanta más, no le pidió plata ni le pegó y quiere hablar en castellano y no se le entiende nada”, explicó el adolescente.
Por decisión del jefe de familia, los sirios que tenían que prestar declaraciones por esta denuncia se negaron rotundamente a ser trasladados a la Seccional 5ª, y así se lo hicieron saber al oficial de Policía.
Tras los buenos oficios del oficial policial que durante varios minutos dialogó con el sirio, su esposa y uno de los adolescentes que hacía de traductor, acordaron realizar el trámite en el domicilio, lugar al que fue trasladado el traductor.
Previo a eso, Merhi Alsebli mantuvo contacto telefónico con una persona en Montevideo y expresó ante el comisario que no quieren vivir más en Uruguay y quieren regresar cuanto antes a Siria. “Allá aunque estén guerra se vive mejor”, reiteraron tanto el adolescente como sus hermanas mayores.
El refugiado también reiteradamente hizo hincapié en que su numerosa familia está pasando mal y no se han cumplido con las promesas hechas por Javier Miranda y José Mujica.
“Allá en Líbano, Miranda nos dijo que nos iban a entregar un campo y doscientas ovejas, herramientas y que mis hermanos mayores iban a tener trabajo. Todo mentira y todavía no quiere hablar más con mi padre”, acotó el hijo traduciendo las palabras del padre.
Alsebli dijo que cuando Javier Miranda venga a Salto en los próximos días lo va a buscar para hablar con él y lo quiere mirar a los ojos para que le dé explicaciones. “Mentir, mentir, eso no es bueno…”, dijo entre lágrimas el sirio.
Gobierno dice que cumple con la asistencia.
A fines de junio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia salió a contestarle a la familia de sirios que está en Salto, y que se quejó en declaraciones a El País de vivir en la pobreza. El Gobierno advirtió que se “viene cumpliendo con el programa previsto de apoyo económico”. En el caso de las cinco familias sirias que llegaron a Uruguay en octubre de 2014, el énfasis del programa del gobierno “ha estado en generar estrategias de autonomía que les permitan autosustentarse una vez que dejen de recibir apoyo económico”, dijo la Secretaría de Derechos Humanos. A la familia de Salto, el Instituto de Colonización le dio una chacra de 35 hectáreas.