Montevideo, Uruguay, 27 de Octubre 2019 Jorge Larrañaga con el Si a la Reforma Vivir Sin MIedo. . Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Los dos plebiscitos de reforma constitucional serán sometidos a la voluntad de la ciudadanía en las elecciones nacionales de octubre.

La consultora Cifra presentó este jueves una encuesta de la opinión que tienen los uruguayos sobre los plebiscitos de reformas constitucionales de la seguridad social y de la habilitación de los allanamientos nocturnos.

En el caso de la iniciativa impulsada por el Pit-Cnt y algunos sectores el Frente Amplio, el 48% dijo que votará para que haya una reforma en el sistema de seguridad social.

Mientras tanto, el 23% de los encuestados no tiene opinión sobre el tema y un 29% está en contra de la iniciativa que plantea la eliminación del sistema de ahorro individual con destino jubilatorio, la disminución de la edad de jubilación a 60 años y que ninguna prestación de este tipo sea menor al valor del salario mínimo nacional.

Si se discrimina por partidos políticos, la mayoría de los votantes del Frente Amplio (55%) están a favor del plebiscito. También lo está una mayoría relativa de quienes piensan votar al Partido Nacional (45%) y de los indecisos (39%). En contra, en el FA son el 20% (indecisos 25%), en el Partido Nacional, 34% (21% indecisos).

Solo entre los votantes del resto de los partidos de la Coalición Republicana hay una mayoría en contra, con un 45% que no apoya el plebiscito y 37% que sí, mientras que los indecisos son el 18%.

Con respecto a la evolución de la opinión, Cifra consigna que desde que se confirmó que estaban las firmas para convocar el plebiscito creció la proporción de quienes lo apoyan: de 36% en febrero a 52% en mayo. Para julio, bajó a 48%.

Los que no apoyan se reducen del 36% a principios de año a 29% ahora. Casi un cuarto del electorado no tiene una posición tomada.

Plebiscito sobre seguridad social – Cifra agosto 2024 de Montevideo

Plebiscito sobre seguridad social por partido – Cifra agosto 2024 de Montevideo

Allanamientos nocturnos

Para la reforma constitucional que impulsa la coalición de gobierno que busca habilitar los allanamientos nocturnos, modificando el artículo 11 de la Constitución, la propuesta cuenta con un 62% de personas que dijeron votarían a favor.

El 27% dijo que no la apoyaría, mientras que uno de cada 10 señaló no tener posición al respecto.

“Entre quienes votarán a la coalición, más de ocho de cada 10 están a favor, como también lo están seis de cada 10 indecisos. Entre los votantes del Frente Amplio, en cambio, las opiniones están más divididas: 44% a favor y 40% en contra”, señaló Cifra.

“Las posiciones sobre los allanamientos han variado muy poco desde abril, lo cual sugiere que están muy consolidadas, y los pocos indecisos —sobre todo en comparación con el otro plebiscito— sugiere también que lo que está en juego es más fácil de entender, y la gente se posiciona a favor o en contra sin necesidad de muchas explicaciones”, afirmó la consultora.

La encuesta fue realizada de manera telefónica (fijos y celulares) a 1.001 personas, entre el 17 y 28 de julio de este año.

Para que un plebiscito logre su objetivo, debe obtener más de la mitad de los votos válidos y, para ello, más de la mitad de los sobres abiertos deben contener la papeleta por el “Sí” a la moción que se plebiscita.

Evolución intención de voto plebiscito sobre allanamientos nocturnos – Cifra agosto 2024 de Montevideo

No obstante, Cifra aclara que “es muy difícil anticipar con precisión qué sucederá con los plebiscitos, sobre todo los que tienen lugar junto con elecciones”.

En las iniciativas, solo tuvieron éxito los que contaban previamente con un apoyo explícito mayoritario.

Otros plebiscitos, que en las encuestas a esta altura del ciclo electoral aparecían “arañando” el triunfo, no lograron que el 50% +1 de los electores incluyeran su papeleta. Eso fue lo que sucedió con el plebiscito sobre seguridad impulsado por Jorge Larrañaga en 2019, con el de Pedro Bordaberry sobre imputabilidad de menores en 2014, y con el referéndum sobre la Ley de Caducidad impulsado por el Frente Amplio en 2009.