“El FA y alguno más buscan circo político. No entro en el juego”, tuiteó el senador sobre el pedido de informes e investigación de la Jutep.
El senador Juan Sartori tuiteó en la tardecita de este miércoles, casi tres horas después de emitir un comunicado de prensa sobre la investigación que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) inició ante su omisión en presentar la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos de su esposa, Ekaterina Rybolovlev, hija del magnate ruso Dmitry Ryboloyev, propietario del AS Mónaco. La Jutep considera que esta conducta constituye “falta grave”, tal como plantea en la respuesta al pedido de informes presentado por senadores del Frente Amplio (FA) difundida en la noche de este martes en Montevideo Portal.
“Mi declaración jurada fue presentada por completo ante la Jutep. Es inconstitucional querer obligarme a exigirle a mi esposa, una persona jurídica diferente con la que tengo separación de bienes, a que presente nada. El FA y alguno más buscan circo político. No entro en el juego”, tuiteó el senador nacionalista a la hora 19.12 de este miércoles.
Sus primeras palabras sobre el tema habían llegado también este miércoles a la hora 16.23. “La declaración jurada se presentó e incluso se presentó una ampliación tal como se pidió, que en mi caso es mucho más compleja y larga que la de muchos otros legisladores, que se hizo con los mejores asesores del país y de manera satisfactoria. Yo he declarado todo lo que tengo que declarar y la Jutep está conforme con eso”, decía el primer comunicado.
“El aspecto de la norma referido a la declaración jurada de los cónyugues y concubinos, tras haberse asesorado con los principales abogados administrativos del país, concluyeron que ‘presenta una cantidad de problemas jurídicos’, que van desde un tema de género a un problema de inconstitucionalidad”, anunciaba entonces.
“Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad”, expresó Sartori inicialmente, y agregó que el hecho de que su mujer presente o no la declaración “escapa a su voluntad”.
“Estamos trabajando con nuestros asesores, junto a los mejores abogados constitucionalistas y administrativistas del país, para que analicen los problemas que tiene esta norma”, adelantó, horas antes de sentenciar que “es inconstitucional”.
“El FA y alguno más”
Sartori criticó al FA en el comunicado emitido en la tarde de este miércoles, pero en el tuit el cuestionamiento se extiende a “alguno más”. El legislador blanco planteó que la oposición está “usando el tema con fines absolutamente políticos”.
“No hay ninguna duda que esto no tiene sustento, ni base jurídica. Es una discusión que pueden tener los diferentes técnicos sobre cómo hacer cumplir la norma y cuáles son las consecuencias de un incumplimiento que es imposible de efectuar. Todo el resto es un circo político en el cual no me voy a meter”, concluyó el senador.
En el tuit cuestiona que “el FA y alguno más buscan circo político”.
Eduardo Brenta, uno de los tres senadores del FA que presentó el pedido de informes a la Jutep, destacó este miércoles en rueda de prensa que la respuesta de la Junta confirma “la omisión por parte del senador Sartori del cumplimiento de la ley que es la presentación de la declaración jurada propia y de su cónyuge”.
La Jutep concluyó que el senador mantiene la obligación de presentar la declaración jurada de su cónyuge. “Si no lo hace la presidencia de la cámara debe aplicar la norma que establece la retención del 50% del salario del legislador, que se la sanción que se establece; y segundo, yo creo que hay consecuencias políticas, porque el directorio, el presidente del director Partido Nacional y el presidente de la república han hablado reiteradamente de la transparencia y la gestión pública, de la importancia de que la gente crea en el sistema político a través de una gestión transparente, y acá nos encontramos con un senador de la república que viola una norma legal que tiene que ver con la transparencia. Porque esta norma lo que considera es la posibilidad de que haya enriquecimiento a través del ejercicio de la gestión, y eso es lo que se pretende evitar, que la función pública no sea para enriquecerse”, dijo Brenta.