La Asociación de Magistrados del Uruguay emitió un comunicado con respaldo a los jueces y su accionar en estos casos.
La Asociación de Magistrados del Uruguay emitió un comunicado este viernes sobre la independencia con la que resuelven los jueces.
El comunicado, sin nombrar, hace referencia a las críticas a los jueces y al sistema judicial que han hecho el candidato presidencial de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, en particular al fiscal Rodrigo Morosoli y el secretario de Presidencia Miguel Ánguel Toma, que presentó una denuncia al juez de lo Contencioso Administrativo de cuarto turno, Carlos Aguirre.
El secretario de Presidencia presentó la denuncia contra el juez dos horas antes de que este dictara la sentencia que obligó a la web a descolgar dos artículos del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y a abstenerse de publicar información que esté vinculada a la campaña electoral.
Por su parte, la jueza penal Marcela Vargas convocó para el próximo 1º de noviembre a las 15 horas la audiencia en la que se formalizará al ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.
El texto de la Asociación de Magistrados del Uruguay responde “en merito a una denuncia, basada en conjeturas o especulaciones sobre la falta de imparcialidad de un juez, y manifestaciones públicas de actores políticos donde se afirma que nuestro Poder Judicial no sería independiente” en el marco “de decisiones impugnadas o próximas a dictarse”.
“Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”, agrega el comunicado.
Además, señalan que “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
Por otro lado, señalan que “la judicatura será competente en todas las cuestiones de índole
judicial y tendrá autoridad para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley”.
“No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales”, añade el texto.