(Dr. Álvaro Lima – Diputado FA Salto)
Días atrás, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes recibimos a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para dar cuenta de algunas medidas adoptadas y su parecer ante algunas propuestas que están en curso.
Estuvieron el sub secretario de la cartera Cr. Alejandro Irastorza, el economista Hernán Bonilla del área macroeconómica y los asesores Fernando Blanco junto a Pía Biestro.
En dicho encuentro, consultamos sobre la petición presentada hace unos 15 días respecto a la formación de una canasta básica de alimentos de primera necesidad y sanitarios; como medida para afrontar el alza general de precios de los productos de alimentación y la inflación que ha ocasionado.
Basta recordar que proponíamos un congelamiento de precios por un plazo de 6 meses máximo y enumerábamos los artículos que quedaban comprendidos.
Pues bien, el economista Bonilla nos respondió que se ha adoptado desde el gobierno nacional la decisión de fijar precios máximos de ciertos productos por acuerdo voluntario con supermercados, mayoristas y a través de CAMBADU alrededor de 1.100 comercios denominados chicos.
No se adopta dicha medida por Decreto ministerial del Poder Ejecutivo, como manifestamos nos parecía la forma adecuada de asegurar la obligatoriedad en el cumplimiento.
Al establecerse la fijación de los precios máximos de los productos en forma voluntaria, resultará difícil el control y fiscalización de un efectivo acatamiento de parte del sector empresarial mayorista.
El contralor en cuestión lo hará la Liga de defensa del consumidor para todos los casos y cabe consignar que no recibimos el listado de productos que quedan comprendidos en el congelamiento de precios.
En síntesis, el plazo de fijación sin cambios de precios de los artículos de alimentación y sanitarios abarcaría 3 meses y esperamos en breve saber cuándo comienza a hacerse efectiva dicha medida económica.
También se nos manifestó que la resolución del Ministerio de disponer precios máximos de precios de los productos por acuerdo voluntario y no por decreto, se debía al riesgo de provocar un desabastecimiento en los supermercados.
Entendemos que ello no ocurriría pues la conducta de compra de nuestra población no se enmarca dentro de un estado de extrema inestabilidad socio económica ni de crisis institucional; contexto que podría provocar una inestabilidad de tal envergadura.
Y otro aspecto es el de garantizar la obligatoriedad en el cumplimiento de la medida que un decreto ministerial lo aseguraba.
Todo lo que venimos proponiendo es en consideración a proteger los intereses de nuestra población que siente afectadas su economía del hogar con medidas que obedecen más a un plan de gobierno que previamente estaba concertado.
Los salarios se han desvalorizados ante el incremento de los precios, del alza del dólar que beneficia y protege los intereses del sector agro exportador y no a la enorme mayoría de nuestra comunidad.
Seguimos a la espera del proyecto presentado por la fuerza política y que se titula Ingreso Ciudadano para ayudar ante ésta situación.
En ese punto en particular, se discutió por las autoridades presentes, la fundamentación del proyecto pero no percibimos voluntad de estar contemplado en el plan de gobierno. Seguiremos adelante, velando por la gente de todo el país. Ahí está el compromiso que asumimos.