Llaman a una movilización y conferencia de prensa para este martes frente al Palacio Legislativo.
Tres organizaciones de trabajadoras sexuales se oponen al proyecto de modificación de la Ley 17.515 presentado el pasado jueves 11 ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados por la colorada María Eugenia Roselló, el nacionalista Pedro Jisdonián y el cabildante Martín Sodano.
Con el objetivo de mostrar su disconformidad, las organizaciones de trabajadoras sexuales Grupo Visión Nocturna, Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) y Más Tras anunciaron que realizarán una manifestación este martes frente al anexo al Palacio Legislativo, con rueda de prensa de sus referentes.
En el afiche con la convocatoria alertan que estas modificaciones propuestas por los legisladores oficialistas se dan “sin la participación de lxs trabajadorxs sexuales”.
“Nos sorprendió profundamente porque nos enteramos por los medios de prensa que la coalición del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, integrantes de la Comisión de Trabajo Sexual, presentaran una nueva sugerencia de proyecto modificativo, teniendo ellos desde 2021 el que nosotras presentamos”, afirmó Karina Núñez, integrante de Otras, al informativo de Canal 5.
En la exposición de motivos del nuevo proyecto se lee que su objetivo es “tutelar” el trabajo sexual y, para ello, introduce varios cambios con respecto a las normas vigentes.
Sobre esto, Núñez dijo que les “impacta” que sea un “proyecto de tutela”. “Quisiera comentarle a los diputados que nosotras somos todas mayores de edad. La tutela está dada para las infancias y para personas con algún tipo de dependencia”, denunció.
Entre otros elementos, el proyecto propone la eliminación del Registro Nacional de Trabajo Sexual, que hoy está a cargo del Ministerios de Salud Pública y del Ministerio del Interior, por considerar que “no aporta datos de interés” y que es una “importante fuente de discriminación hacia este colectivo de trabajadoras y trabajadores”.
Por tanto, se elimina el carné de trabajo sexual y el carné sanitario, y a este último se lo reemplaza por una libreta de control sanitario que tiene el fin de “orientar la atención hacia la salud integral de las trabajadoras y trabajadores sexuales, y no solo los aspectos relativos a la profilaxis en materia sexual y reproductiva”.
Si bien Núñez apoyó la eliminación del registro de trabajo sexual, planteó que “a las que no tengan carné sanitario se las inhabilita para trabajar”. “Judicializan la prostitución de los cuerpos, cuando hasta ahora Uruguay nunca había tenido penalizada la prostitución”, cuestionó.
Para la trabajadora sexual, el Parlamento las “pasa por encima”. “Me parece contradictorio que se diga que se quiere velar por nuestros derechos y el primer derecho que nos inhabilitan es el derecho a poder hablar por nosotras de nosotras”, expresó Núñez.
