(Dr. Álvaro Lima – Diputado FA Salto)
En los umbrales del inicio de la votación del proyecto de Ley de Urgente Consideración, que se prolongó durante 4 días consecutivos, presentamos ante la Cámara de Representantes dos pedidos de informes ante inquietudes de la población salteña.
El primero de ellos relativo a lo sucedido hace dos semanas casi con la interrupción del suministro de combustibles a la Intendencia de Salto por parte de la petrolera nacional ANCAP.
Lo hicimos en forma conjunta con el Diputado del partido socialista del Departamento de Soriano Enzo Malán y luego de habernos interiorizado de la problemática.
La solicitud de información se envía al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por intermedio de ésta cartera a ANCAP claro está. Allí, destacan algunas interrogantes que pretendemos develar.
Es nuestra intención saber sobre el detalle discriminado de las deudas que cada Intendencia del país mantiene con ANCAP, que se adjunte el desglose mensual de dichas deudas durante el período comprendido entre enero de 2020 hasta finales del mes de junio del corriente.
Cuáles son las facilidades para el pago que ante la emergencia sanitaria de Covid – 19, que ha afectado a todas las intendencias del país, concede ANCAP y qué tipo de convenios existen sobre financiaciones de deudas actualmente.
Pretendemos saber además, si la flexibilización de pago de ANCAP ante atrasos o deudas contraídas por la pandemia por los gobiernos departamentales; son las mismas para todas ellas o existe un tratamiento diferencial.
El contexto pre electoral ha movilizado nuestro espíritu de investigar y conocer acerca de un hecho que llama la atención por como se ha producido y de la manera que se abatió sobre una Intendencia salteña que ha ordenado su economía siguiendo los criterios de ajuste y austeridad.
Asimismo, remitimos otro pedido de informes hacia el Ministerio de Economía y Finanzas y pretende conocer a ciencia cierta sobre los destinos de la recaudación del Fondo Coronavirus (Covid – 19), que creó un impuesto por ley 19.874.
Dicho fondo, creado para paliar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, grava las remuneraciones de funcionarios/as de la Administración Pública que superen los nominales 120 mil pesos.
También fueron alcanzadas las pasividades ( incluye pensiones y jubilaciones del BPS), así como retiros policiales, militares y mediante la Agencia Nacional para el Desarrollo (AND) se recaudaron más de 8 millones de dólares aproximadamente.
Es nuestra intención interiorizarnos y que se nos informe sobre los destinos de una importante cantidad de dinero obtenido de un nuevo impuesto creado a raíz de una coyuntura de emergencia.
La rendición y evaluación de toda iniciativa son aspectos vitales para asegurar la transparencia y entender cuáles fueron los criterios invocados y ejecutados al instante de verter dicho producido por el gobierno nacional.
En su oportunidad, cuando realizamos la intervención en la sesión de Cámara aquel 1º de abril dábamos cuenta de algunas puntualizaciones referentes a un trato no igualitario entre la población uruguaya.
El gravamen alcanzó a hombres y mujeres que se desempeñan en la función pública y no recayó en los sectores agro exportadores, empresariado privado e inversores o banca privada; que no fueron gravados con éste impuesto.
Esa solidaridad parcial y sin justicia distributiva, produjo ese importante monto y es justo si; conocer y saber que se hizo y dónde fue ese dinero.