La suba de las penas que impuso la LUC para el narcomenudeo ha impactado principalmente en un mayor encarcelamiento de mujeres jóvenes.
Un pedido de informe realizado por las diputadas suplentes Dayana y Camila Pérez (Frente Amplio) arrojó que en 2020 fueron formalizadas por delitos vinculados a las drogas un total de 518 mujeres.
Según apuntaron las legisladoras en un documento, la respuesta al pedido de informe realizado a la Fiscalía General de la Nación constató que en la gran mayoría de los casos fueron “condenadas mediante el proceso abreviado”.
“El 94,7% de los procesos culminaron con un proceso abreviado, esto significa que la gran mayoría de las mujeres fueron sometidas a procesos ‘sumarios’. Los procesos abreviados suceden cuando, según la ley en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación del proceso”, detallaron.
El documento al que tuvo acceso Montevideo Portal señala que de las 518 mujeres formalizadas en 2020, 242 cumplieron pena de cárcel, que en promedio fue de 52,7 meses.
El resto de las formas de cumplimiento de las penas se dividieron de la siguiente forma: libertad a prueba, vigilada, vigilada intensiva: 120 mujeres, y el promedio de cantidad de pena varia desde los 14 a 15 meses en libertad a prueba y vigilada, y en 34 meses la vigilada intensiva.
“Es posible deducir que estas formas alternativas a la pena de cárcel se dieron antes de la vigencia de LUC, ya que la misma eliminó la libertad vigilada y vigilada intensiva”, aseguraron las legisladoras.
Según consignó Búsqueda este jueves, la política de persecución del narco y microtráfico que impulsó la LUC es vista con preocupación por fiscales, defensores y jueces.
La LUC incorporó aumento en las penas contra el tráfico de drogas, que además pasaron a ser inexcarcelables.
En el semanario se detalló que mientras el ingreso de una baja cantidad de drogas a una cárcel de parte de una persona primaria solía recibir una pena de libertad bajo vigilancia, o unos 20 meses si contaba con antecedentes, en el presente la condena puede ir de cuatro a 15 años de prisión, sin posibilidad de graduar el castigo.
Además, esos delitos ya no pueden redimir pena por estudio o trabajo.
En esta línea, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Manuel Petit, dijo a Búsqueda que es una situación “dramática” la de la cantidad de mujeres jóvenes que, “por diversos motivos de vulnerabilidad, terminan en prácticas de supervivencia ilegales vinculadas al micronarcomenudeo, muchas veces presionadas por otras figuras, mayoritariamente hombres”.