La ONG accedió a una recomendación, contratada por el ministerio, que indica la suspensión de esta actividad por “al menos cinco años”.
La organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) divulgó una carta dirigida al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, en la que cuestiona la permanencia de la habilitación de la caza de patos.
El reclamo surgió luego de que la organización accediera a un informe oficial de marzo de 2022. Coendú sostiene que ese documento, titulado “Diagnóstico de las Informaciones de las especies de caza deportiva de la familia Anatidae en la R. O. del Uruguay”, contratado por la propia cartera de Ambiente, señala “contundentemente” que se debe “prorrogar la veda de caza deportiva de patos por, ‘al menos’, cinco años”.
A través del comunicado, la organización solicita al Estado que, antes del 30 de setiembre, “se actúe de conformidad con dicho informe y con la normativa vigente, eliminando los patos del listado de especies de caza permitida y evitando así la ilegalidad en que incurre al permitir su caza, cuando el propio ministerio constata que su caza no debe habilitarse”.
Mauricio Álvarez, referente de Coendu, en diálogo con Montevideo Portal, aseguró que, si para el 30 de setiembre la situación sigue igual, “se tomarán otras medidas de índole jurídica”. “Me cuesta mucho creer que, en todo este tiempo, ningún funcionario o jerarca del ministerio no haya visto este informe como para ponerlo sobre la mesa de la ilegalidad que el ministerio está cometiendo”, agregó.
Por otro lado, el Decreto 104/2000 identifica las especies cazables y, a raíz del Decreto 269/000, se renueva automáticamente si al 30 de setiembre de cada año no se dicta un nuevo decreto. En el año 2018, Coendu presentó un informe por el que se reguló, mediante el Decreto 308/018, una suspensión de dos años en la caza de patos y la obligación al ministerio de realizar estudios poblacionales pertinentes; este decreto no fue renovado, y Coendu manifiestó que “el Estado viene habilitando la caza [no solo de patos] sin informes técnicos e incumpliendo la obligación que le impone la normativa”.