La fuerza política respaldó a Carolina Cosse, vicepresidenta electa y extitular del ente de las telecomunicaciones.
El Frente Amplio emitió este jueves una declaración luego de que la Fiscalía resolviera el archivo definitivo de la causa que investigó el costo de la construcción del Antel Arena, luego de un reexamen que había solicitado el gobierno.
En el escrito, la fuerza política respaldó a la expresidenta de Antel, Carolina Cosse, ahora vicepresidenta electa. También apuntó al presidente Luis Lacalle Pou y señaló “la judicialización como herramienta para intentar afectar la imagen de candidatas y candidatos”.
“Cabe recordar que la denuncia sobre la construcción del Antel Arena fue archivada por la Fiscalía en febrero de 2024, luego de meses de investigación y la presentación de un informe de más de 80 páginas que rebatió de manera contundente todos los puntos denunciados”, afirmó la declaración del Frente Amplio.
“A pesar de ello, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se expresó durante la campaña electoral a favor de reexaminar el tema. En base a esas declaraciones, el Directorio oficialista de Antel solicitó a la Fiscalía un nuevo análisis, cuyo resultado se ha conocido hoy con el archivo definitivo de la causa”, sostuvo después la fuerza política.
Y agregó a continuación: “Frente a estos hechos, el Frente Amplio reitera su confianza en el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y en la institucionalidad democrática del país. Lamenta, sin embargo, que en Uruguay se utilice la judicialización como herramienta para intentar afectar la imagen de candidatas y candidatos”.
Según informó este jueves la Fiscalía, el fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos Enrique Rodríguez archivó el caso Antel Arena, después de haber solicitado la reapertura del expediente en mayo de 2024.
En febrero del año pasado, el fiscal de Delitos Económicos de Primer Turno, Alejandro Machado, también había archivado la causa que investigaba los costos de la construcción del Antel Arena.
En esta oportunidad, Rodríguez argumentó que “no existió un desborde de autoridad y que no se actuó en forma inconsulta”.