El país fue el duodécimo en el mundo y el segundo en Lationamérica en permitir la unión civil entre personas del mismo sexo.
El 10 de abril de 2013 se sancionó la ley de Matrimonio Igualitario en Uruguay con el voto a favor de 71 de los 92 parlamentarios presentes en la sesión. Colocó al país como el duodécimo del mundo y el segundo en Latinoamérica (después de Argentina) en permitir la unión civil entre personas del mismo sexo. Diez años después, es un derecho reconocido internacionalmente por al menos 34 de los 195 países reconocidos por la ONU.
La norma fue aprobada bajo la presidencia de José Mujica (2010-2015), en el segundo período de gobierno consecutivo del Frente Amplio (FA) en Uruguay. La coalición de izquierda apoyó de manera unánime el proyecto. El presidente, Luis Lacalle Pou, en ese momento diputado de la oposición, no apoyó la norma, aunque luego declaró haberse arrepentido.
Martín Tierno, diputado del FA dijo a EFE: “Hablaban de que podía traerle a Uruguay perjuicios importantes, cosa que no sucedió”, acota. Remarcó la importancia tanto de esta como de las demás leyes de la “agenda de derechos” impulsadas durante los 15 años consecutivos en los que el FA gobernó el país, como la legalización del aborto y la regularización laboral de empleadas domésticas y peones rurales.
10 años después
“Que haya pasado toda una década de la aprobación es algo para celebrar y también nos recuerda de la importancia que tuvo la lucha por esta ley”, señala en diálogo con EFE la presidenta de la organización social defensora de los derechos LGBT Ovejas Negras, Magdalena Bessonart.
Para la activista, hace 15 años se encontraba un país en el que era “muy poco” el reconocimiento de personas no heterosexuales o no cisgénero, por lo que hubo que batallar para crear conciencia y ganar visibilidad. En esa línea, según Bessonart, el debate que se generó en torno a la ley “desbordó” la conquista de que, independientemente de su género y su orientación sexual, toda pareja pudiera contraer matrimonio y trajo aparejada “una batería de políticas públicas” que implicaba “apertura” también en la atención en salud o la enseñanza.
Así lo destaca también el exdiputado Fernando Amado, que votó la norma por el entonces opositor Partido Colorado (PC) y quien asegura que “una conquista como esta es sin duda el trabajo de años o décadas de movimientos sociales, partidos políticos y la ciudadanía, que se apoderó de esta discusión y logró un cambio”.