El sindicato afirma que la partida especial fue costeada en buena parte por los trabajadores.
El Sindicato Único de la Construcción y Anexos salió al cruce a las recientes declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. En conferencia de prensa, la jerarca señaló que “Uruguay atraviesa una pandemia sin antecedentes a nivel internacional y como respuesta el Uruguay destinó 1.217 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, un 2.3 % del PBI de Uruguay. Esto es más que nada debido a la respuesta del Fondo Coronavirus y los préstamos garantizados del Estado”.
Con respecto al Fondo Coronavirus (que tuvo un egreso de 711 millones de dólares), se dividió así: para medidas del Mides se destinaron 144 millones de dólares, para medidas de Salud Pública 48 millones de dólares, para seguro de enfermedad 26 millones, para licencia de la construcción 17 millones, para el seguro de desempleo 238 millones de dólares, resignación de aportes 213 millones de dólares y otros insumos 25 millones de dólares.
En un comunicado, el Sunca señala que al referirse a los fondos y medidas que se destinaron a atender la pandemia, “se hizo especial referencia a la partida especial de $ 16.505 conquistada en marzo por las y los trabajadores de la construcción”.
Según el sindicato, la ministra Arbeleche “afirmó que el gobierno asumió el costo y financiamiento de esa partida, que se situó en 17 millones de dólares” y desmiente esa afirmación, enfatizando que “esa partida fue conquistada con lucha por el SUNCA en instancias de negociación tripartita, con el sector empresarial y el Poder Ejecutivo”.
El costo total y financiamiento de esa partida especial para atender el impacto económico y social de la pandemia, como quedó establecido en el acuerdo, hecho público además apenas se firmó, se reparte de la siguiente manera: más de un 50 % lo financiaron los empresarios de la construcción; un 25 % aproximadamente lo financiaron los trabajadores al aportar un jornal de la licencia generada y el equivalente a un jornal del aguinaldo, dichos montos fueron retenidos por el BPS en el caso de los trabajadores incluidos en la Ley 14.411 y por las empresas en el caso de los trabajadores no incluidos en esta ley. Por lo tanto, el costo que asumió el gobierno de esa partida no es el 100 % como se trasladó en la conferencia de prensa”, detalla la misiva.
Para la agrupación obrera “si esta negociación no hubiese existido y no se hubiera llegado a este acuerdo, que amparó a las y los trabajadores, miles más hubiéramos ingresado al seguro de paro, el costo se hubiera triplicado, generando ahí si un costo superior para el Estado. Además de mayor incertidumbre para las y los trabajadores”.
Finalmente, el Sunca reclama al gobierno “la firma del decreto presidencial que garantice que las y los trabajadores con edad avanzada y enfermedades preexistentes (tratamientos oncológicos, diabetes con casos insulino dependientes , trasplantes), así como las compañeras embarazadas, sean certificados y accedan a una cobertura especial que preserve sus salud y sus ingresos en medio de esta crisis. Aspecto que también se acordó en la negociación y que el Poder Ejecutivo aún no cumple”.