La Justicia finalmente dispuso fijación de domicilio y la prohibición de salir del departamento de Montevideo por 90 días.
La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, no hizo lugar a un pedido de formalización de la Fiscalía, porque el imputado tenía síntomas sospechosos de coronavirus Covid-19, según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes judiciales.
El hombre investigado escapó de un control policial, y fue detenido a pocas cuadras. Los uniformados vieron cuando el hombre se descartaba de una bolsa, que se presume, tenía drogas.
Según supo el portal Montevideo Portal un análisis del celular del hombre, dejó al descubierto que se dedicaba a la comercialización de drogas y armas.
El sujeto admitió los hechos y su defensa llegó a un acuerdo con Fiscalía, que este martes pretendía formalizar la investigación.
El acuerdo, según el documento de Fiscalía al que accedió Montevideo Portal, implicaba la prisión efectiva por 10 meses y 14 meses de libertad vigilada.
Sin embargo, la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, no dio lugar al pedido de Fiscalía, porque el imputado tenía síntomas de coronavirus. Larrieu entendió que si bien el hombre no necesitaba de una internación, la cuarentena puede ser considerada como tal.
“Ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, es sabida la recomendación básica que la persona que presenta síntomas debe permanecer aislada, para evitar la propagación del virus. No siendo necesario para ello que se haya realizado el test correspondiente”, afirmó la magistrada en el documento al que accedió Montevideo Portal.
A todo esto, la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, solicitó “medidas limitativas”. La Justicia finalmente dispuso fijación de domicilio y la prohibición de salir del departamento de Montevideo por 90 días.
Los argumentos de la jueza Larrieu
La jueza realizó varias consultas y, dada la proximidad de vencimiento del plazo previsto en el art. 16 de la Constitución, no era posible la coordinación de una videoconferencia, desconociendo además si la Fiscalía cuenta con la tecnología adecuada, según informaron fuentes judiciales a Montevideo Portal.
Fue así que se comunicó con la Fiscal Adscripta Dra. Cecilia Ronco a quien le dijo que dadas las condiciones sanitarias del detenido, no era posible realizar la audiencia, pero que enviaran la solicitud para el dictado de la resolución correspondiente.
Fiscalía envió la solicitud vía sistema, solicitando la formalización de J. C. bajo la imputación de un delito de Tráfico de Armas en reiteración real con un delito de Tráfico de Estupefacientes.
Los hechos que fundamentaban la solicitud eran los siguientes: el imputado fue detenido por la autoridad policial y en su teléfono celular se registraban mensajes que hacían referencia a la venta de “cogoyos” de marihuana de una planta de su primo y a la venta de un arma de fuego. No se le incautó ni sustancia estupefaciente ni armas de fuego.
Al admitir o no la formalización, el juez no debe valorar la oportunidad, el mérito o la lesividad del hecho imputado, debiendo disponer la formalización siempre que los hechos relatados se adecuen a un tipo penal.
Sin embargo, en estas circunstancias especiales de emergencia sanitaria, Larrieu entendió que la mayor o menor gravedad de los hechos era un elemento a tener en cuenta a la hora de la decisión, informaron fuentes judiciales.
Es decir, valorar si se trataba de un hecho presuntamente delictivo de una entidad que amerite el riesgo que implica la realización de la audiencia, tanto para los operadores judiciales como para la sociedad toda, dada la facilidad de contagio y propagación del virus, por todos conocida.
En consecuencia, entendió que debía privilegiarse el derecho a la salud pública respecto a la necesidad de realización de la audiencia de formalización peticionada, por un accionar presuntamente delictivo por el cual primariamente podía estimarse que no habría de imponerse prisión preventiva.
Al respecto se tuvieron presente las recomendaciones de la OMS y del MSP, en tanto toda persona sospechosa de portar Covid 19 debe permanecer en su domicilio y sin contacto para evitar la propagación. No deja de advertirse que si bien el imputado estaba en cuarentena, fue detenido en la vía pública, lo cual significa que no estaba cumpliendo la indicación médica.
Pero a juicio de la jueza, esta circunstancia no habilita al aumento del riesgo mediante la celebración de la audiencia peticionada.