La directora del establecimiento negó que se agreguen fármacos al jugo como forma de medicar, y apuntó a “un acto criminal”
El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando el director del Centro de Máxima Contención (CMC) visitó el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), sito en Cufré y Bulevar Artigas.
Según informara este fin de semana el periódico la diaria, el funcionario bebió un vaso de jugo que había sido preparado para los internos. Tras la ingesta se indispuso y fue trasladado a un sanatorio privado. El contratiempo de salud se produjo porque al zumo se la había añadido diazepam, un fármaco tranquilizante.
Al ser internado, el hombre presentaba tendencia al sueño, disartria (dificultad para hablar) e hipotonía (disminución de la tensión muscular). Se le diagnosticó “posible intoxicación por uso de benzodiazepina”, algo que los análisis posteriores confirmaron.
Fuentes del centro de reclusión para menores dijeron al citado medio que a los internos “se le ponen psicofármacos, para que no molesten”, y este añadido se hace sin el consentimiento de los detenidos.
Ahora, se esperan las investigaciones si los adolescentes están siendo medicados sin su consentimiento a través de las bebidas que se les proporcionan.
Gabriela Fulco, directora del INISA, rechazó este lunes en declaraciones a Informativos Carve que en la institución se medique a los internos de forma solapada a través de los alimentos que consumen. En ese sentido, detalló que los psicofármacos se proporcionan de forma individual a aquellos internos que los necesitan, y que lo ocurrido al funcionario fue “un hecho criminal” que se investiga.
Juan Ceretta, abogado que integra el Consultorio Jurídico de la facultad de Derecho de la Udelar, dijo en declaraciones al citado noticiero que se enteró del caso a través de la prensa, y que, de confirmarse como cierta la práctica de administrar psicofármacos a los internos en la bebida, se estaría ante una grave vulneración de los derechos de los menores recluidos.
El legista recordó que tiempo atrás la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó el cierre del establecimiento y el traslado de los internos a otro sitio, pedido que se rechazó diciendo “la imposibilidad, por razones presupuestarias de realojarlos”. Ceretta señala que ese argumento es el mismo que se emplea para rechazar el realojo de presidiarios del Módulo 8 el Comcar, argumento que resulta “insostenible” ya que se trata de garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos. En ese sentido, recordó que los presos “están privados de su derecho a la libertad ambulatoria, no de todos sus derechos”.
Posteriormente, recordó que ya hay un precedente en el que se debió presentar un recurso de amparo por el uso abusivo de ritalina en los menores privados de libertad. En ese caso, si bien existía prescripción médica, se constató un uso excesivo por arte de las autoridades a cargo de los reclusos, con el fin de que estos “no molestaran”.
En la actualidad hay en el lugar nueve internos, de entre 15 y 18 años.