Segundo contingente
Algunas de las familias que ya están reciben $ 70.000 por mes.
El director de la Secretaría de Derechos Humanos, Javier Miranda, dijo ayer en el Parlamento que la venida a Uruguay de un segundo contingente de refugiados sirios fue postergada sin fecha debido a los problemas de inserción que han tenido las cinco familias que llegaron el año pasado y a que preocupa el entorno internacional, aunque no mencionó específicamente los ataques de terroristas islamistas en París.
Miranda informó a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes que la decisión ya fue comunicada a la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y que esta organización está buscando otro destino a las siete familias que iban a venir.
Interrogado por el diputado blanco Pablo Abdala que lo había convocado, Miranda dijo que ninguna de las cinco familias que vinieron en octubre de 2014 ha logrado insertarse laboralmente e incluso mencionó su angustia por el caso de una viuda que tuvo tres experiencias laborales pero no pudo retener el empleo.
Miranda también consideró “grave” e “inaceptable” el episodio en que uno de los refugiados sirios agredió a la representante regional de Acnur, Michelle Alfaro, y a funcionarios uruguayos y admitió que la protesta de las familias en pleno invierno frente a la Torre Ejecutiva fue un “punto de inflexión” para el gobierno. “El problema de la familia de Juan Lacaze es que parece que la esposa quiere ir al Reino Unido donde está parte de su familia y eso ha generado problemas”, dijo Abdala. Consultado por el legislador, Miranda dijo que las familias reciben unos $ 36.000 mensuales fijos cuando no tienen más de seis integrantes y $ 70.000 cuando superan los 10 miembros. A esto se suma un fondo rotatorio que se paga mensualmente y que se entrega contra la presentación de boletas y que se destina a vestimenta, esparcimiento y comunicaciones. En este caso el monto entregado es de $ 26.000.
Miranda señaló que el gobierno se apresta a encarar una revisión general de la política migratoria y que reforzará presupuestalmente la Comisión de Refugiados (CORE) en la próxima Rendición de Cuentas.